CATALUÑA

Hoy toca hablar de Cataluña, o más en concreto, de ciertos aspectos concernientes a la “cuestión separatista o independentista”. La exposición que realizaré a continuación es una exposición desapasionada, en tanto en cuanto carezco de interés personal alguno en dicha cuestión. Si uno analiza la “Historia de la Humanidad”, uno podrá comprobar cómo en dicha “Historia” abundan las historias de territorios que se unen y se desunen; de territorios conquistados por la fuerza, las más de las veces, hasta conformar grandes Potencias o Imperios…, otras veces, las menos, territorios anexionados voluntariamente, al amparo, casi siempre, de intereses económicos… Imperios que se rompen… naciones o territorios que luchan hasta independizarse, para luego volver a unirse…, en una secuencia interminable de hechos que se repiten cíclicamente desde la noche de los tiempos, al albur de las pasiones y ambiciones humanas.

A nivel particular me resulta indiferente, absolutamente indiferente, si Cataluña permanece en España o decide marcharse de este país e iniciar su andadura como territorio independiente. Hay, sin embargo, en esta cuestión del separatismo, un tema o aspecto que a mí, al menos, me resulta mucho más preocupante y que estriba en contemplar y asistir al bochornoso espectáculo del odio, la intolerancia y la violencia (no necesariamente física) que exhiben algunos ante posicionamientos que pudieran diferir de los propios en ésta o en cualesquiera otras materias que conforman el amplio ámbito en el que se desenvuelve la vida humana. Y es contra este odio gratuito y contra las peligrosas conductas que emanan de él contra lo que debemos mantenernos permanentemente en alerta. Alertas, para detectarlo, alertas, para prevenirlo, alertas, para corregirlo…

Cataluña es una de las diecisiete Comunidades Autónomas que conforman la nación española: ello resulta indiscutible; como igualmente indiscutible resulta reconocer el hecho de que las aspiraciones independentistas de este territorio vienen de lejos, de muy lejos; éste no es un conflicto reciente, sino que hunde sus raíces muy atrás en el tiempo.

Incontestable resulta, también, el hecho de reconocer que España se configura jurídicamente como un Estado de Derecho, donde rige el imperio de la ley. Una democracia la nuestra (democracia no perfecta, con aspectos que resultan muy mejorables, pero democracia), que respira y pervive gracias a la existencia de un ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento para todos: cargos públicos y ciudadanos; ordenamiento jurídico donde la cúspide normativa la ocupa la Constitución Española, y en concordancia con ella: los Tratados Internacionales suscritos por nuestro Estado. Por debajo de nuestra Carta Magna, y en relación de clara dependencia jerárquica, se hallarían las demás normas: Leyes estatales y autonómicas (orgánicas y ordinarias), reglamentos…

Hasta aquí, la juridicidad del tema: Cataluña forma parte de España, y no podrá abandonar nuestro país (en sentido figurado, se entiende), e independizarse, salvo que dicha independencia se logre por vía legal y jurídica.

Ahora bien, dicho esto, debo decir también que constituye una torpeza mayúscula obligar a alguien a quedarse allí donde no quiere estar… y no solo constituye una torpeza mayúscula, sino que dicha conducta obstruccionista y empecinada será siempre una fuente constante de lucha y conflicto. Cabría entonces, preguntarse, qué porcentaje de la población catalana desea la independencia, porque resulta que, a lo mejor, dicho porcentaje es menor que el de la población catalana que desea permanecer como territorio integrado dentro del Estado Español; o, a lo mejor, resulta que es al contrario… Yo no lo sé, desconozco este dato, que creo, convendría averiguar para marcar los pasos a seguir en la resolución de este conflicto; conflicto que no desaparecerá por mucho que desde instancias del Estado se decida ignorarlo, o enfrentarlo por la vía penal; creo que ésta última, la penal, no solo no es la vía adecuada, sino que constituye otra soberana torpeza del Estado Español. Como ya he dicho, pudiera ser que, hecha la consulta pertinente (y no vinculante), el número de catalanes que desea independizarse sea menor que el de catalanes que desean permanecer vinculados a España (y se acabó el problema); pero si, por el contrario, esa “hipotética consulta no vinculante” arrojara otros datos, como por ejemplo, que la inmensa mayoría de catalanes desea la independencia, a lo mejor, el Estado Español debería empezar a pensar en cómo poner fin a este conflicto, y en hacerlo con toda seriedad y compromiso, y amparado siempre por la legalidad vigente, incluso si ello supone modificar la Constitución; pues como todos saben, la Constitución es una norma, no una norma cualquiera, sino nuestra norma suprema, pero una norma, al fin y al cabo, susceptible, por lo tanto, y si ello fuera necesario, de las modificaciones pertinentes; modificaciones, eso sí, que en el caso que nos ocupa, al ser ésta (la independentista) una cuestión que afecta a la configuración jurídica y territorial del estado, requeriría de las pertinentes mayorías cualificadas.

Y dicho esto, vuelvo a incidir en que más allá de lo que opine cada cual, por encima de las opiniones y posicionamientos particulares, deben estar siempre el respeto y la tolerancia, y la búsqueda de soluciones consensuadas y pacíficas; debiendo oponerse el adecuado y contundente veto a las conductas antidemocráticas que emanan del odio y el sectarismo, del tipo que sean.