DEVOLVER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SU ESENCIA Y A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SUS FUNCIONES

Verán, señores, hoy quiero hablarles de algo que conozco bien, y no solo bien, diría que es algo que conozco como si se tratara de la propia palma de mi mano.

Se necesita un exuberante grado de cinismo para comparecer en público, y poniendo cara de angelito, y mirando a la cámara con ojos de ciervo o gacela malheridos… lanzar las siguientes preguntas a la audiencia:

“¿Pero cómo vamos a sufragar los servicios públicos si bajamos los impuestos? ¿Pero cómo vamos a tener unos servicios públicos de calidad para todos si nos dedicamos a bajar los impuestos? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para invertir en servicios públicos de calidad?”.

¿Que cómo vamos a sufragar los servicios públicos?, de muchas maneras, de infinitas maneras, todas ellas relacionadas con la buena gestión, con la gestión inteligente, lúcida, eficaz, equilibrada y racional de los recursos existentes; pero sobre todo, recortando allí, donde debe ser recortado, todo lo superfluo, todo lo que no se halla vinculado al interés general; ¿y dónde debe procederse a efectuar ese recorte?: en el sector público.

Hoy quiero hablarles de la Administración, de la legítima y de la ilegítima, de la diseñada por la Constitución, y de la otra, de la que han ido diseñando a su medida los distintos partidos políticos; hoy quiero hablarles de la Administración (la de verdad), y de la otra (la Administración paralela y sus empresas públicas).

La existencia de la empresa pública dentro de la Administración Pública tiene un fin u objetivo primordial: crear un entramado servil de empleados al servicio de los políticos, no de los ciudadanos; un entramado servil de empleados a los que los políticos puedan manejar a su antojo, eludiendo los sistemas legales de acceso a la administración previstos por la Constitución y el marco normativo de referencia.

¿Por qué el legislador estableció que el acceso a la administración se produjera a través de pruebas selectivas realizadas en régimen de concurrencia competitiva y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad? ¿Fue un capricho del legislador?: no, claro que no; se estableció este régimen de acceso para garantizar en el ejercicio de las funciones públicas los siguientes aspectos:

-La preparación de los funcionarios públicos, seleccionando a través de esas pruebas en régimen de concurrencia competitiva a los mejores aspirantes, a los mejor preparados para la prestación de los servicios públicos en cada de una de las especialidades o campos específicos.

-La objetividad e imparcialidad más escrupulosas en la prestación de los servicios públicos.

Quiso el legislador que el personal que ha de trabajar en la administración al servicio de los ciudadanos fuera el personal más cualificado, el más objetivo y el más imparcial; para eso se establecieron las oposiciones. Pero claro, resulta que a nuestros señores políticos (cuyos intereses parece ser que nada o poco tienen que ver con los de los ciudadanos) no les interesa este personal funcionario, objetivo e imparcial, al que no siempre resulta fácil manejar… así que han ido implantando paulatinamente otra administración, formada por trabajadores colocados expresamente en puestos estratégicos que a los políticos les interesa controlar. Estos trabajadores de la empresa pública están usurpando las funciones que el legislador reservó a los funcionarios públicos; su presencia es un agravio comparativo para todos aquellos que preparan o han preparado y superado los correspondientes procesos selectivos (las oposiciones), pero sobre todo, a quienes más perjudica esta usurpación de funciones es a los ciudadanos, pues la prestación de los servicios públicos sufre una considerable merma en calidad, objetividad, imparcialidad y transparencia.

Pero hay algo más, estas empresas públicas (ya lo he dicho alguna vez) constituyen un inmenso agujero negro por donde se dilapidan ingentes cantidades de dinero; dinero, señores políticos, que bien pudiera destinarse a sufragar esos servicios públicos, en vez de saquear a los ciudadanos con un sistema impositivo que poco tiene de progresivo y mucho (como también he dicho alguna vez) de robo a mano armada.

¿Para qué utilizan ustedes el dinero que recaudan a través de este sistema fiscal confiscatorio? ¿A qué destinan el dinero de los impuestos? ¿A los servicios públicos…? Todos sabemos cómo están los servicios públicos: la sanidad, la educación, las infraestructuras… así que a los servicios públicos no destinan ustedes ese dinero, no sean cínicos. ¿Entonces, para qué quieren, en realidad, el dinero de los impuestos? ¿Quieren que yo se lo diga?: el dinero de los ciudadanos lo utilizan ustedes para sufragar sus pagas vitalicias, sus retiros dorados, la gran vida que se dan a costa del sudor, los desvelos y el esfuerzo de los ciudadanos; para eso quieren ustedes ese dinero.

Pero hablábamos de la empresa pública, y en relación a ésta, se hace imprescindible acometer una profunda y drástica reforma del sector público que pasa por la necesaria erradicación o extinción de toda empresa pública cuya pervivencia no se halle justificada en la prestación de los servicios públicos (prácticamente, ninguna empresa pública es necesaria); e, igualmente, es necesario que los trabajadores de la empresa pública (que jamás han pertenecido a la Administración Pública, pues ni son funcionarios ni han accedido a la misma a través de los sistemas legales de acceso previstos al efecto) sean absorbidos por el sector privado, absorción que por razones obvias no puede producirse de golpe “o en un único momento”, sino que habrá de producirse gradualmente, según se vayan extinguiendo las empresas públicas a las que pertenecen, en un período de tiempo que podría extenderse de unos cuatro a seis años, período de tiempo que garantizaría que estos trabajadores pudieran insertarse en el mercado laboral de manera efectiva; o si lo prefieren, siempre pueden preparar las correspondientes oposiciones, ¿verdad?

Y ya sé que es una labor ingrata, pero debo hacerse, porque la Administración se ha convertido en algo que no es ni puede ser: una empresa al servicio de los partidos políticos y sus intereses particulares.

Así que la próxima vez, señores políticos, que vayan a lanzar al aire la preguntita: “¿Y si bajamos los impuestos de dónde vamos a sacar el dinero para invertir en servicios públicos de calidad?”, no la lancen, que ya saben de dónde pueden sacar el dinero.

Y una cosa más: a aquellos funcionarios públicos (que los hay, y son bastantes) que se comportan como empresa pública, que han antepuesto su carrera administrativa al cumplimiento de sus funciones; que para ascender en el escalafón han olvidado sus obligaciones (prestar los servicios públicos con objetividad y transparencia), recuerden lo que son: funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos, no sean ustedes siervos de los políticos. Principio de jerarquía: sí; servilismo: no.